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Opinión por Marta García Terán,

La defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en el entorno digital, mediante la incidencia en políticas públicas y prácticas privadas es la misión de la organización social llamada Derechos Digitales. Desde Chile, y con visión una regional, promueven investigación, incidencia pública, campañas, proponen políticas públicas y debate al respecto.

“Derechos Digitales lucha por una sociedad donde las tecnologías digitales contribuyen al desarrollo de una región igualitaria y justa, con pleno respeto a los derechos humanos”, alegan en su web.

Llevan varios años publicando el informe: “América Latina en un vistazo, Derechos Humanos e Internet”. En 2016, lo hicieron en el marco del Foro  para la Gobernanza de Internet (FGI), cuya  última edición fue el pasado diciembre en México.

Este foro es un espacio para el diálogo sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo del internet. Reúne a todas las partes interesadas del ecosistema del internet, incluyendo a los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica y la académica, en igualdad de condiciones y mediante un proceso abierto e inclusivo. Se estableció oficialmente por el secretario general de las Naciones Unidas en julio de 2006.

“América Latina en un vistazo”, disponible en la web de Derechos Digitales: www.derechosdigitales.org nos presenta la situación de  los derechos de autor, la privacidad y la libertad de expresión en la región a lo largo de 2016, dando ejemplos de procesos que se han llevado a cabo desde México o El Salvador, hasta Chile o Brasil. Lo interesante de este informe es que nos habla de estos temas deteniéndose en las amenazas y oportunidades.

Podemos leer que el derecho al olvido ha comenzado a aplicarse en la región, muchas veces sin una discusión de fondo sobre sus implicaciones ni una comprensión básica de los criterios mínimos que debe considerar el debate, resultando en malas decisiones desde el punto de vista de la libertad de expresión. Además, la defensa de la honra, particularmente de personas poderosas, se ha vuelto un argumento recurrente para censurar formas de expresión en línea, ya sea a través de resoluciones judiciales o proyectos de ley.

Como oportunidades, existen ya estándares regionales de protección de la libertad de expresión en línea, emitidos desde instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizar en la defensa del derecho a expresarse.

La discusión sobre derechos de autor continúa teniendo un marcado sesgo comercial, a favor de los intereses de los titulares, y sin considerar las necesidades de acceso a la cultura de la población general, esto como punto negativo junto a que las principales decisiones en materia de derecho de autor se están tomando en el marco de acuerdos comerciales internacionales, en discusiones cerradas, sin participación de los representantes políticos de la ciudadanía.

Por otro lado, a pesar del anunciado retiro del TPP por parte de EE. UU., los mandatarios de otros países de la cuenca del Pacífico han mostrado su interés en continuar la ratificación del tratado, por lo que existe margen de acción para incidir sobre los legisladores.

En cuanto a la privacidad, la compra de software de vigilancia es una tendencia creciente en la región, dotando a los estados de capacidades de monitoreo desproporcionadas y carentes de resguardos frente a abusos.

Esto cae en un área legal gris, cuando no es completamente ilegal, y preocupa la utilización de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y opositores políticos.

En general, según el informe, los países latinoamericanos carecen de una protección fuerte y efectiva de datos personales, volviendo a las personas vulnerables a todo tipo de abusos. Esta coyuntura permite a las organizaciones de la sociedad civil presionar para que se abra una discusión profunda y seria sobre las capacidades de vigilancia de los estados latinoamericanos, así como los resguardos necesarios en materia de derechos humanos.

La autora es comunicadora audiovisual y digital con enfoque de derechos humanos
@martascopio


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