Michelle Bachelet. Getty Images/Metro
Michelle Bachelet. Getty Images/Metro

Destacado, Nacionales por AFP,

La ONU pidió el viernes poner fin a la “impunidad” en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo “graves violaciones” de los derechos humanos en un contexto de crisis política.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado “graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas” en el país centroamericano.

“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.

“En ocasiones, la Policía Nacional recurrió al uso excesivo de la fuerza contra quienes intentaban manifestarse, detuvo arbitrariamente a personas que protestaban pacíficamente (en algunos casos por llevar la bandera de Nicaragua por la calle o por cantar el himno nacional), y profirió amenazas para disuadir a los manifestantes”, señala la organización.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres. EFE/Metro

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres. EFE/Metro

La ONU observa que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.

Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, está dirigido desde 2006 por el presidente Daniel Ortega.

El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.

La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.

Critica a la PPDH

El informe de la ONU también señala a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de no ser independiente.

“La institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período (de crisis). En el 40o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la delegación del Estado estuvo representada por el Comisionado Adjunto de la PDDH, quien repitió la justificación del Gobierno sobre el fallido golpe de Estado e indicó que su institución no había encontrado prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad. En marzo de 2019, la categoría de la PDDH fue rebajada de “A” a “B” al no poder demostrar su independencia”, dice el informe.


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