Uno de los momentos de represión ciudadana en Camino de Oriente. Óscar Sánchez/Metro
Uno de los momentos de represión ciudadana en Camino de Oriente. Óscar Sánchez/Metro

Destacado, Nacionales por Ana Cruz,

Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta para los derechos humanos de las Naciones Unidas, demandó al Gobierno de Nicaragua garantizar “la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”.

Gilmore presentó este miércoles la primera actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que se expuso en marzo pasado sobre las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018.

Además enfatizó que en Nicaragua las violaciones de derechos humanos, cometidas en el contexto de la crisis sociopolítica que inició en abril 2018, “siguen sin resolverse” y “la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”.

El informe actualizado presentado por Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), organismo que dirige Gilmore fue acogido por delegaciones, como Argentina, España, Australia, Croacia, Noruega, Francia, Alemania y Suecia.

Justicia para la víctimas, investigación de toturas, liberación definitiva de los manifestantes, son algunas peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) al Estado de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica

Por su parte, el exdiputado José Pallais explicó que la “rendición de cuentas” que solicita la ONU consiste en “hacer justicia a las víctimas de la represión gubernamental y no es informar o mantener la versión distorsionada de la realidad que ellos (el Gobierno) tienen”.

Además reveló que cuando abordaron el tema de justicia en la mesa de negociación, el Gobierno se negó rotundamente.

“El Gobierno se continúa negando a hacer justicia a las víctimas de la represión, es por eso que no hay ninguna investigación abierta contra funcionarios del Gobierno, policías o paramilitares. Eso indica una falta de voluntad del Gobierno para hacer justicia y, por ende, rendir cuentas a la comunidad internacional”, denunció Pallais.

Mientras el jurista Carlos Tünnermann también criticó que en Nicaragua no hay una investigación de los crímenes y asesinatos que se cometieron desde abril del año pasado.

“No se ha hecho nada por buscar justicia, todo lo contrario, el Gobierno aprobó una Ley de Amnistía que conduce a que estos hechos queden en la impunidad. Eso es un burla para todos los nicaragüenses que perdieron a sus familiares”, criticó el también representante de la Alianza Cívica.

Ley de Amnistía preocupa a ONU

El informe actualizado de la Oacnudh también critica la Ley de Amnistía bajo la cual fueron dejados en libertad 106 manifestantes presos, por considerarla “ambigua” y porque podría “beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”.

No obstante, la Comisionada Adjunta de Oacnudh hizo hincapié en que “el Gobierno de Nicaragua debe liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”.

Consejo de Derechos Humanos en la ONU /AFP

Consejo de Derechos Humanos en la ONU. AFP/Metro

Actualmente se conoce que más de 80 manifestantes permanecen encerrados en diferentes cárceles del país. Gilmor destacó que son “pasos alentadores” que el Gobierno de Nicaragua haya liberado a la mayoría de los manifestantes encarcelados, pero reiteró su llamado a liberarlos a todos.

Agrega que la Ley de Amnistía junto a la Ley de Atención Integral de Víctimas fueron adoptadas “sin consultas suficientes y no garantizan el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación”. Además en el informe Oacnudh se ofreció a asesorar al Gobierno de Nicaragua para mejorar ambas leyes.

Además de la justicia a los crímenes y libertad para los manifestantes encarcelados, Gilmore pidió al Gobierno de Nicaragua que se lleven a cabo investigaciones “inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.

Tünnermann destacó que la denuncia de torturas, señaladas por la ONU, son graves por ser un delito que no prescribe y puede ser investigado por la justicia internacional.

Por su parte, Michael Healy, representante suplente de la Alianza Cívica, afirmó que el informe de Oacnudh “ayuda a que internacionalmente se vea que en Nicaragua ha habido crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, que en Nicaragua hay persecución, hay asedio no solo a los excarcelados, sino a su familia, pero que también todavía tenemos presos políticos”.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también menciona que luego de ser expulsados en agosto de 2018 e intentar recuperar el acceso a Nicaragua, el Gobierno nicaragüense les extendió el pasado 5 de julio, información sobre la situación de los derechos humanos en el país y la confirmación de la participación del ministro asesor de la presidencia en una sesión de trabajo el próximo 13 de julio en las oficinas de Oacnudh, en Panamá.

Versión del Gobierno

El representante de Nicaragua en el organismo internacionak, Valdrack Jeantscheke, insistió tras la presentación del informe en que las manifestaciones, iniciadas en abril 2018, fueron “acciones de grupos violentos que el año pasado intentaron romper el orden constitucional”.

Además, afirmó que en Nicaragua “no hay persecución a personas y organizaciones”.

Jeantscheke defendió que Ley de Amnistía ha permitido la “excarcelación de todas las personas detenidas en el contexto de los hechos de 2018, cerrando los expedientes de todos los procesos administrativos y penales relativos”.


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