Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Archivo/Metro
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Archivo/Metro

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Los diputados de la Asamblea Nacional introdujeron un proyecto de ley que quita al presidente del Parlamento, el sancionado Gustavo Porras, las funcoines de administrar el presupuesto y el personal de ese Poder del Estado.

La iniciativa de ley se introdujo el lunes, apenas tres días después de que Porras fuese sancionado por Estados Unidos, quedando inhabilitado para ejercer cualquier función administrativa.

El proyecto reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, el cual establece que ahora la autoridad administrativa en el parlamento será el Secretario Ejecutivo y no el presidente.

Según el proyecto, el artículo 44 de la Ley Orgánica del parlamento mantiene que el presidente de la Asamblea Nacional siempre “representará políticamente al Poder Legislativo, preside la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional”.

Y luego, en un segundo párrafo, se le otorga al Secretario Ejecutivo del parlamento las funciones de “Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional”.

“La Autoridad Administrativa de la Asamblea Nacional es el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional”, precisa el proyecto de ley.

Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Cortesía/Metro

Gustavo Porras también es secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Cortesía/Metro

El pasado viernes, Porras, junto a otros tres funcionarios, resultaron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica que no tienen ningún margen de acción administrativa personal, empresarial o institucional.

Así, Porras quedó sin la capacidad de administrar a la Asamblea Nacional, por lo que ahora los diputados otorgarán esas funciones a otro representante del parlamento.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Porras de ser “el operador político más importante del presidente (Daniel) Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”.

Desde el viernes y hasta ayer lunes, ningún funcionario de Nicaragua se había referido a las sanciones contra Porras, la ministra de Salud, Sonia Castro; Orlando Castillo Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor); y el general de brigada en retiro, Óscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Pero, sin anunciarlo, ayer lunes los diputados sandinistas Maritza del Socorro Espinales, Gladis de los Ángeles Báez, Loria Raquel Dixon Brautigam, Edwin Ramón Castro Rivera, Mario José Asensio Florez y Wilfredo Navarro Moreira introdujeron el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.

La iniciativa establece que entrará en vigencia una vez sea aprobada por los diputados y públicada en La Gaceta.

Con Porras son más de una decena los funcionarios que Estados Unidos y Canadá han sancionado en Nicaragua, al acusarlos de cometer actos de violación a los derechos humanos o de corrupción, entre otros.

Las sanciones de Estados Unidos y Canadá se dan luego de que en Nicaragua el Estado disolviera a la fuerza las protestas en Nicaragua, que empezaron el 18 de abril del año pasado, dejando un saldo de más de 325 muertos.

La crisis en Nicaragua será uno de los temas que se abordarán en la Asamblea General Ordinaria de la OEA, en Colombia, donde se plantea formar una comisión que en tres meses emitirá un informe.


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