Vilma Núñez. Archivo/Metro
Vilma Núñez. Archivo/Metro

Nacionales por José Isaac Espinoza, Humberto Galo y Alma Vidaurre,

La Ley 840, establece en su artículo 23 que para poder ser modificada o derogada se “requerirá de mayoría calificada del sesenta por ciento del total de los diputados de la Asamblea Nacional”, condición que actualmente cumple la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Azucena Castillo dijo que el PLC va a introducir una iniciativa para la derogación de esa ley.

Por su parte el Cenidh continuó exigiendo la derogación de la ley por considerarla “lesiva” a los intereses de Nicaragua y violatoria a la Constitución.

Sobre la posibilidad de derogar la ley, según lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Concesión, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, explicó que el mismo presidente de la República, Daniel Ortega, puede ordenar o hacer la solicitud.

“Si Daniel (Ortega) fuera un hombre que respeta la institucionalidad del país, definitivamente desde antes, pero especialmente hoy (ayer) tendría que estar enviando un proyecto de anulación de la ley ante la Asamblea Nacional”, insistió Núñez.

No obstante, la defensora de derechos humanos enfatizó que puede surgir una “iniciativa de acción popular” que implicaría conseguir 5.000 firmas.

El empresario chino y el presidente Ortega habían consensuado que la construcción de la obra valorada 50.000 millones de dólares se realizaría en un período de 5 años.


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