Un total de 56 manifestantes fueron liberados este martes. Orlando Valenzuela/Metro
Un total de 56 manifestantes fueron liberados este martes. Orlando Valenzuela/Metro

Nacionales por Humberto Galo Romero,

La aprobación de nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua por violación a los derechos humanos no se detendrá con la liberación de manifestantes presos, así lo consideran varios exdiplomáticos nicaragüenses.

Edgar Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA, considera que si bien la liberación de los presos es un avance, este no satisface plenamente las demandas tanto de la población nacional, como de la comunidad internacional.

El proceso de negociación todavía no ingresa a su parte medular que es la democratización del país, según expertos

“La comunidad internacional está muy interesada en que se inicie un verdadero proceso de libertad a nivel nacional, que implique restablecer el estado de derecho, que implique restablecer la autonomía de los poderes del Estado”, argumenta Parrales.

Para el exdiplomático, en las próximas semanas serán claves para el país, debido entre otras cosas a que la OEA sostendrá una reunión de cancilleres en la que se tratara el tema de Nicaragua y aunque sea una reunión ordinaria, se podría aprovechar para efectuar una sesión extraordinaria y dar continuidad al trámite de aplicación de la Carta democrática a Nicaragua.

Por su parte, el también exembajador ante la OEA, José Luis Velásquez, manifestó que las liberaciones de presos no son suficientes, sencillamente porque hasta ahora lo que el Gobierno ha hecho es apenas un primer paso para medianamente “subsanar el daño que hizo contra gente inocente” y, por lo tanto, las sanciones de la comunidad internacional se aplicaran.

“La comunidad internacional está muy interesada en que se inicie un verdadero proceso de libertad a nivel nacional”.
Edgar Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA

“Las sanciones seguirán su curso debido a que la comunidad internacional y los países que las establecen son serios, no juegan con estas cosas. Cuando se impone una sanción se hace basado en un juicio sobre un mal proceder que debe ser revertido y compensado y este proceso se revierte solo de la misma manera en que se impuso; es decir, mediante otro juicio”, explica Velásquez.

Haciendo una analogía, Velásquez señala que en términos de su implementación “generalmente en estos asuntos la comunidad internacional y los países serios se mueven como un gran transatlántico que cuando rompe la inercia requiere de mucho espacio y tiempo para detenerse”, dijo.

En tanto, el analista político y también exdiplomático Róger Guevara Mena considera que a pesar de haberse dado la liberación de los manifestantes, era un punto toral del proceso de negociación; sin embargo, esta todavía no ingresa a su parte medular que es la democratización del país.

“Creo que el inicio del cumplimiento de los acuerdos todavía no se ha dado. Es decir, lo de los reos amnistiados era parte toral del inicio de la democratización, pero la fecha de adelanto de elecciones y los cambios estructurales progresivos, eso todavía no se ha iniciado y los plazos ya están vencidos, por lo tanto, creo que detener como tal las sanciones no va a pasar”, considera Guevara.

El jurista agrega que la comunidad internacional está muy atenta a la actitud que asuma el Gobierno con respecto al cumplimiento de los acuerdos suscritos con la oposición, “la capacidad de negociación en este momento del Gobierno será fundamental y sería la única forma en la que se podría espaciar la aplicación de sanciones, porque estas tienen fechas las cuales se están cumpliendo”, dijo.

Miguel Mora y Lucía Pineda junto a María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP. Óscar Sánchez/Metro

Miguel Mora y Lucía Pineda junto a María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP. Óscar Sánchez/Metro

El martes pasado, el subcomité sobre el hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense escuchó a tres testigos en una audiencia especial sobre la situación de Nicaragua y las posibles opciones de política exterior que el legislativo puede recomendar al gobierno de Donald Trump y a la comunidad internacional.

Los expositores durante la audiencia manifestaron que para realizar cambios en Nicaragua se debe aumentar las sanciones “a jefes de Policía y Ejército, así como a líderes del sector privado”, vistos como soportes del Gobierno, además de implementar la Nica Act, expulsar del DR-CAFTA a Nicaragua e incluir alianzas con países europeos, latinoamericanos y Taiwán para presionar al gobierno de Ortega.

El Congreso estadounidense tendrá una nueva audiencia para tratar la crisis en Nicaragua, el próximo 21 de junio, en la cual participará el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien brindará un informe detallado sobre la participación de los funcionarios nicaragüenses en violaciones a los derechos humanos.


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