José Adán Aguerri. Archivo/Metro
José Adán Aguerri. Archivo/Metro

Destacado, Nacionales por Ana Cruz y José Isaac Espinoza,

Los dueños de negocios afectados por la represión gubernamental recibirán este miércoles de parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) una ruta jurídica para que tengan el manejo y el instrumento legal para demandar que se restituyan sus derechos y que puedan reabrir los locales cerrados.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, afirmó que la ruta jurídica que presentarán a dueños de negocios, explica que tienen que ir primero contra la autoridad que sanciona (en el caso de las farmacias contra el Ministerio de Salud), seguir el curso y después ir hasta la Corte Suprema de Justicia, si es necesario.

El Gobierno está actuando, principalmente contra del sector farmacéutico que se unió al cuarto paro nacional, según el Cosep

Además señaló que el Gobierno está actuando, principalmente, en contra del sector farmacéutico que se unió al paro nacional el pasado 23 de mayo.

“Este es un sector regulado (las farmacias) y, por lo tanto, aquí han llegado al nivel de cerrar, especialmente farmacias pequeñas en los diferentes departamentos del país”, apuntó.

Añadió: “Hemos conocido también que hicieron (las autoridades de Gobierno) algún tipo de asedio o acoso a algunos negocios en el ámbito de servicios, pero como estos no son negocios que tienen o que prestan un servicio de bien público, entonces ahí no han podido hacer lo mismo que con estas farmacias”.

La decisión de Ministerio de Salud de cerrar a las farmacias, atenta contra “el derecho a pensar diferente y con esta medida lo que están haciendo es apostando a más desempleo y afectando a la población”, añadió Aguerri.

Dijo que están recabando los datos del número de negocios afectados, pero que todavía no tienen un dato preciso.

“Conocemos la instrucción que dio el Ministerio de Salud para investigar en cada zona cuáles son las farmacias que se unieron al paro cívico”, añadió.

Propietarios de pequeñas farmacias de Nueva Segovia, Carazo, Boaco y Rivas, se mostraron indignados por las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud que les ha enviado notificaciones en las que les impone una multa o en el peor de los casos, el cierre de sus negocios, por haber apoyado el paro nacional.

Afectados

Marcos Herrera, propietario de Farmacia Inmaculada, ubicada en Ocotal, Nueva Segovia, denunció que el 31 de mayo recibió una resolución administrativa en la que le informan que por haber cerrado su local, en apoyo al paro nacional, expuso la salud de los nicaragüenses con la carencia de medicinas, violando la Ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias.

“La responsable del departamento de farmacias privadas aseguró que el Silais (Sistema local de atención integral en salud) había realizado una inspección el 23 de mayo, casualmente, y encontró cerrada la farmacia, por lo que decidieron clausurarla indefinidamente, eso no fue casualidad, el Silais y la Policía anduvieron tomando fotos de los locales que cerramos, entonces, eso fue una medida aplicada por razones políticas”, aseguró Herrera, quien en mayo del año pasado fue despedido del Ministerio deEducación, según él, también por razones políticas.

Representantes del Cosep, ayer en conferencia de prensa. / Jorge Ortega

Representantes del Cosep en conferencia de prensa. Jorge Ortega/Metro

Agregó que la medida del Minsa fue “irresponsable”, ya que tiene deudas del 40% del total de una inversión en inventario de medicinas que, aproximadamente ronda los C$450.000.

Otras de los negocios clausurados fue la Farmacia Vida, de Jinotepe, Carazo, que opera junto al Supermercado Santiago. Metro intentó consultar a la propietaria del local, Ligia María Muñoz, pero no se encontraba.
No obstante, los trabajadores del lugar informaron que, efectivamente, la farmacia había sido cerrada, tras participar del paro nacional, convocado por la Alianza Cívica.

Multas

Otras de las medidas que han denunciado los dueños de negocios es la imposición de multas. Carlos Flores, propietario de las farmacias San Martín y San Martín #2, de Camoapa, Boaco, denunció que la responsable del departamento de farmacias privadas de Silais, Jamileth del Carmen Alvarado, se presentó a su local el pasado 31 de mayo para entregarle una resolución administrativa, número 01-2019, en la que le impone una multa de C$5.000 por haber cerrado el día del paro nacional y, supuestamente, exponer a los ciudadanos a una carencia de medicinas.

“Se presentaron a mi negocio con una resolución administrativa. Me dijeron que una supervisión de Ministerio de Salud central había llegado a constatar el funcionamiento de la farmacia y la encontró cerrada, entonces, según ellos, como cerré ese día violenté el derecho de los ciudadanos a obtener medicamentos”, expresó.

Agregó que el día de paro él pasó todo el día en el local, por lo que, indicó que la supervisión del Minsa “no se efectuó, fue solo una excusa para multarnos por una razón política”.


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