Antonia Urrejola. EFE/Metro
Antonia Urrejola. EFE/Metro

Destacado, Nacionales por Ana Cruz,

La resolución extendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Nicaragua, el pasado 21 de mayo, es de “obligatorio cumplimiento”, puesto que “las medidas provisionales están establecidas expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos”, según Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Agregó que la convención “ha sido firmada y ratificada por el Estado de Nicaragua; por lo tanto, desde el momento que el Estado de Nicaragua no cumple con la resolución estaría, eventualmente, incumpliendo y, por lo tanto, siendo responsable internacionalmente”.

Antonia Urrejola, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si el Estado de Nicaragua no cumple con la resolución de la Corte IDH estaría en desacato

La Corte Interamericana, mediante una resolución, otorgó medidas “provisionales” a 17 manifestantes que permanecían encarcelados, cabe mencionar que, cinco de estos fueron excarcelados 24 horas antes de conocerse la resolución de la Corte.

La defensora de DD. HH. de la CIDH explicó que las medidas provisionales son otorgadas por la Corte, evalúa la afectación grave a los derechos humanos y la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita, además, el grado de desprotección de las personas eventualmente beneficiarias.

Asimismo, se le solicita al Estado de Nicaragua adoptar las medidas “alternativas” al encarcelamiento y ejecutar de forma inmediata todo lo necesario para proteger la salud y la vida de los beneficiarios, entre ellos: Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irlanda Jeréz Barrera.

Miguel Mora, director de 100% Noticias en los juzgados de Managua. Archivo/Metro

El periodista Miguel Mora es uno de detenidos que fueron beneficiados por la sentencia de la Corte IDH. Archivo/Metro

La comisionada Antonia Urrejola explicó que la visita in situ tendrían que ser con la “aquiescencia del Estado”, pero que si el Estado de Nicaragua “no diera esa aquiescencia la Corte puede realizar audiencias públicas y otras diligencias para hacer un seguimiento de la situación de estas medidas decretadas y, eventualmente, de acuerdo a sus facultades, podrá determinar si se cumplieron o no, hay todo un proceso ahí que le corresponde a la Corte explicar cómo funciona eso, pero es la Corte la que determinará si se cumplió o no con estas medidas y si, en su momento, determinar que no se cumplió podrá determinar si existe responsabilidad internacional del Estado en esta materia”.

La relatora para Nicaragua indicó que si el Estado de Nicaragua no cumple con la resolución de la Corte “estaría en desacato y podría ser objeto de responsabilidad internacional, en las que la Corte podría determinar distintas medidas”, las cuales consistirían en reparaciones a las víctima; materiales o simbólicas, además de atención en salud, entre otras que, según Urrejola, solo le corresponde indicar por ser un ente autónomo.

La resolución de la Corte surge después que el pasado 16 de mayo, el prisionero nica-estadounidense Eddy Montes Praslin, de 57 años, quien falleció al recibir un disparo propinado por un custodio de La Modelo.


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