Manifestantes presos en Nicaragua. Archivo/Metro
Manifestantes presos en Nicaragua. Archivo/Metro

Destacado, Nacionales por Juan Carlos Tijerino,

Un total de 17 manifestantes opositores encarcelados durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril pasado son amparados por una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual obliga al Estado de Nicaragua a garantizarle su salud e integridad.

La resolución emitida la noche de este martes, surge después que el pasado 16 de mayo, el prisionero nica-estadounidense Eddy Montes Praslin, de 57 años, quien falleció al recibir un disparo propinado por un custodio del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

Un día antes que se registra este incidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte una solicitud de medidas provisionales en favor de 17 opositores encarcelados en “La Modelo” y “La Esperanza”.

“Tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, el Presidente de la Corte consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad”, indica la resolución de la CorteIDH, cuya sede radica en Costa Rica.

El tribunal también determinó “la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar que se encuentren”.

Cortesía/Metro

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Los beneficiarios de las medidas son Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reynaldo Lira Luquez, Miguel Mora Barberena, Lucía Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Adilia Peralta Serrato e Irlanda Jeréz Barrera.

Por su parte, la abogada Leyla Prado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) dijo este miércoles que la resoluciones de la Corte son vinculantes y por lo tanto son de ineludible cumplimiento, por lo que el Estado de Nicaragua tiene que resolver “ lo más inmediato posible lo que establece esta resolución, así que estamos esperando que en estos días dejen en libertad a estos presos 17 presos para que le garanticen los derechos fundamentales”.

Juristas aseguran que si el Estado de Nicaragua no acata la resolución de la CorteIDH será sancionado

Asimismo el exprocurador Alberto Novoa, dijo que efectivamente el Estado nicaragüense está obligado a cumplir porque es firmante del Pacto de San José y sí no lo hace en este momento esto podrían aplicársele sanciones, las cuales serán determinadas por la Corte.

“La Comisión es un órgano administrativo y la Corte es la que aplica la ley, cuál es su ley, lo que establecen los convenio internacionales en los que está suscrito Nicaragua. A la Corte por lo menos le permite en estos momentos enviar una orden para que se apliquen medidas preventivas, está diciendo señores no hagan eso. Digamos que es un requerimiento preventivo para que no se sigan cometiendo violación de derechos humanos. Es la antesala ante un posible proceso de carácter penal internacional, promovido por la Comisión”, explicó Novoa.

En tanto la funcionaria de CPDH dijo que sanciones de la Corte no echarán preso a nadie, pero estas implican sanciones morales internacionales

“Lo que hace es quebrar relaciones diplomáticas con países que sean respetuosos a las garantías y procesos de los ciudadanos nicaragüenses, por eso es fundamental que el Estado cumpla con la resolución para evitar sanciones”, indicó Prado.

Este lunes el Ministerio de Gobernación emitió un comunicado señalando que 100 manifestantes habían sido excarcelados. Entre esas personas se encontraban María Dilia Peralta, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio Ampié Machado, Reynaldo Luquez y Tania Muñoz Pavón. Para estas personas la Corte pidió confirmar si estaban en sus viviendas y verificar si estaban bajo la figura jurídica de convivencia familiar.

Para el resto de opositores exigió que se “ de evalúe de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos”.

La resolución también dispone que a la mayor brevedad posible, una delegación de la Corte Interamericana encabezada por su presidente realice una visita a las cárceles “La Esperanza” y la “Modelo” para entrevistarse con los reos.


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