Carlos Valle muestra los documentos de su denuncia. Rafael Lara/Metro
Carlos Valle muestra los documentos de su denuncia. Rafael Lara/Metro

Nacionales por Rafael Lara,

El excarcelado Carlos Valle interpuso ayer una acusación ante el Ministerio Público contra los funcionarios que consideran responsables por el aborto del que fuera víctima su hija Elsa Valle, mientras estuvo retenida el año pasado en el penal de mujeres La Esperanza.

La denuncia interpuesta por Valle señala al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ya que la habría mantenido en las celdas del antiguo Chipote durante 5 días sin una acusación del Ministerio Publico, violando la norma máxima de 48 horas.

Acusan a afuncionarios estatales de ser responsables del aborto sufrido por Elsa Valle durante su cautiverio

Asimismo, la denuncia señala a la funcionaria Janeth Pérez, alcaide del penal de mujeres, asegurando que se le demandó atención médica especializada para Elsa Valle, al presentar sangrados durante los meses de gestación, pero la funcionaria no permitió que se le atendiera, por lo tanto a Pérez se le responsabiliza de aborto por omisión.

“Estando en el penal también ella (Elsa) tuvo una fractura en el pie y tampoco fue atendida. Por la pérdida de su bebé y otras situaciones durante su cautiverio está recibiendo ayuda especializada por los traumas que quedaron durante su encarcelamiento”, dijo Valle.

Por otra parte, pidió información sobre la primera acusación que él interpuso contra el director de la DAJ, por obligarlo a permanecer en sus celdas injustificadamente durante 8 meses y sin tener ninguna acusación en su contra, lo que representó una serie de daños para él y su familia.

Elsa Valle al salir de la cárcel de mujeres La Esperanza. Archivo/Metro

Mientras tanto, Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien brinda acompañamiento a Valle, comentó que al llegar al Ministerio Público no fueron atendidos por ningún fiscal y la acusación quedó en mano de la recepcionista.

“De la primera acusación, se supone que en 20 días deben informar obligatoriamente sobre la aceptación o rechazo de la solicitud, pero solo dijeron que estaba en estudio. Sobre la segunda acusación no se observa interés en darle seguimiento”, consideró Cuevas.

Además destacó que conociendo el tratamiento que se da a las acusaciones de afectados por funcionarios del Gobierno es muy probable que sean rechazadas o queden estancadas.

“Sin embargo, es necesario dejar constancia de estos trámites. Considerando que este gobierno no dará respuesta, tras agotar todas las vías nacionales, recurriremos a las vías internacionales”, comentó Cuevas.


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