Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. |Archivo
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. |Archivo

Destacado, Nacionales por Isaac Espinoza,

Un llamado conjunto a la comunidad internacional a suspender las sanciones, es la condición que pretende imponer el Gobierno de Nicaragua a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) para continuar las negociaciones en el diálogo nacional.

Los representantes de la ACJD reiteraron que no pueden pedir que se suspendan las sanciones mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos.

Además sostienen que lo más importante en las negociaciones es liberar a los manifestantes presos y que el cumplimiento del plazo que para dicho procedimiento coincide con el establecido para iniciar con la aplicación de la Nica Act.

“Precisamente el período establecido para la aplicación de las primeras sanciones de la Nica Act, coinciden con los 90 días que ellos dieron (a partir del 20 de marzo), para liberar a los presos y efectivamente es algo que ellos (Gobierno) tienen en mente”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la ACJD.

Además dejó claro que la Alianza “no tiene la potestad de cambiar la posición soberana de un Gobierno o de organismos como el Parlamento Europeo, que indignados ante la violación de los derechos humanos, de la tortura, del exilio, del secuestro, de la muerte, de la persecución y de la cárcel, no se pueden quedar callados”.

Juan Sebastián Chamorro y José Pallais, de la Alianza Cívica. Jorge Ortega/Metro

Juan Sebastián Chamorro y José Pallais, de la Alianza Cívica. Jorge Ortega/Metro

Por su parte el canciller nicaragüense, Denis Moncada, al salir de un encuentro con la oposición, precisó que están insistiendo en la suspensión y el cese de “las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la Nica Act, que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación”.

Añadió: “Es un punto esencial y medular, que debemos realmente tomar acuerdos sobre ello antes de entrar y de continuar debatiendo otros puntos y otros temas que están en los puntos de agenda de ambas delegaciones”, detalló Moncada.

Según los acuerdos firmados entre la oposición y el Gobierno, la ACJD solicitará la suspensión de las sanciones una vez que las partes lleguen a acuerdos en todos los temas discutidos en la mesa de negociaciones, que incluye la liberación definitiva de los manifestantes presos, anular los juicios en su contra, respetar las garantías constitucionales y qu existan condiciones para una salida inminente a la crisis sociopolítica local.

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales, donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.

Miembros de la Alianza Cívica/Archivo

Miembros de la Alianza Cívica/Archivo

La Nica Act sería suspendida solamente si se convoca a unas elecciones “libres, justas y transparentes”, de acuerdo con el texto de la legislación, pero el Gobierno de Nicaragua insiste en pedir que se suspendan las sanciones. “Vamos a seguir insistiendo en que la delegación de la Alianza acuerde y logre consensos sobre este punto”, enfatizó Moncada.

Las partes están pendientes de discutir los temas de justicia para las víctimas y el retorno de la democracia en Nicaragua.

Tanto Estados Unidos como el Parlamento Europeo han advertido al gobierno de Daniel Ortega que de no liberar a los “presos políticos” y restablecer los derechos constitucionales en Nicaragua, las sanciones dirigidas a sus familiares y allegados podrían continuar.


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