Julio Montenegro, coordinador del equipo de defensoría de la CPDH. Archivo/Metro
Julio Montenegro, coordinador del equipo de defensoría de la CPDH. Archivo/Metro

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El ‘boleo’ institucional para proveer los elementos probatorios de la acusación del Ministerio Público se están volviendo una costumbre en esa instancia gubernamental para los procesos contra los acusados por la criminalización de las protestas, denunciaron este lunes los abogados defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Julio Montenegro, defensor de esta instancia, expresó que están obstaculizando la debida defensa y esta es la tercera vez que ocurre este boleo, donde el Ministerio Público no entrega los elementos de prueba entre videos y documentos, postergando continuamente la entrega durante más de dos semanas.

Montenegro también señaló que la Fiscalía no posee los videos y esta entidad los remite a buscar las pruebas a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), cuando esta instancia de investigación policial debió entregar todos los elementos probatorios para que el

Ministerio Público los esté ofreciendo para presentarlos en el juicio de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.

Tanto la Fiscalía como la Policía “se bolean” elementos probatorios contra manifestantes presos.

En la DAJ para hacer la entrega demanda un escrito de la autoridad judicial, para que esta gire oficio a la Policía Nacional y hasta entonces entregar copia de los videos. El defensor argumentó que es obligación tanto de la Policía como de la parte acusadora la entrega de estos, pero desde el 7 de febrero la defensa está tratando de obtenerlos sin tener respuesta.

Montenegro alegó que en los supuestos elementos ofrecidos por el Ministerio Público sobre los actos de investigación policial, asimismo aproximadamente de cuatro a cinco videos, que son fundamentales para la defensa y poder presentar el escrito de intercambio de información y prueba, lo que se ha atrasado por el boleo.

Julio Montenegro / Archivo

Julio Montenegro / Archivo

Asimismo, Montenegro sostiene que en ningún momento se puede justificar la falta de formalidad de las instituciones y demandó que las autoridades cumplan con su obligación.

Otros casos, llevado por los doctores Arnulfo López y Leyla Prado, también se encontró con este obstáculo, donde se remitía al Ministerio Público, de ahí a la Policía y después a los juzgados, donde nuevamente se remitía a los abogados a la Policía, donde finalmente les entregaron un disco con las imágenes que se necesitaban.

“Hay una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 4 de febrero del 2009, donde se indica que los procesos judiciales son un todo, desde los actos de investigación, hasta lo que tiene que ver con el caso judicializado, y si hay errores desde la perspectiva de los actos de investigación, sin aportar los elementos necesarios para la defensa, va a generar un vicio en el proceso judicializado”, asegura Montenegro.


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