Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Archivo/Metro
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Archivo/Metro

Nacionales por Rafael Lara,

Los hermanos Óscar y Milton Moraga Campos, de 48 años, y de 51 años, respectivamente, fueron capturados este sábado —a eso de las 5:00 p.m.— sin que las autoridades presentaran orden de captura.

Esta es una de las más recientes acciones de seguimiento denunciada públicamente en medios locales por parte de los familiares, quienes señalan que los hechos ocurrieron en las inmediaciones del kilómetro 46, parada de buses Gallardo sobre la carretera San Marcos, Masatepe, donde los uniformados entraron bruscamente a la propiedad de los Moraga Campos, apuntando sus armas e incluso a niños, que lloraban y gritaban durante la violenta irrupción que, según los denunciantes, no siguió los parámetros legales.

Familiares de los detenidos denunciaron que la captura se realizó con violencia e intimidación y sin orden de allanamiento

Los familiares de los detenidos identificaron al comisionado general Ramón Avellán, como el que dirigió la acción contra la propiedad, donde hay cuatro casas, resultando con algunos golpes Melisa Moraga y Yaritza Moraga, hijas uno de los capturados, y a una persona más, a quienes les arrebataron el teléfono cuando filmaban el operativo policial.

Según los familiares, la detención se efectuó porque los hermanos Moraga, por humanismo, en algún momento, llevaron alimentos y agua a quienes estaban en tranques durante las protestas que se desarrollaron entre abril y julio del 2018.

Si bien tras el allanamiento se quedaron vehículos y motociclistas asediando la zona, la mañana del domingo ya se había retirado y los familiares están tratando de ubicar a los detenidos.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indicó que aún no han denunciado en esa instancia la captura, pero en la semana a las oficinas llegaron aproximadamente 50 denuncias, entre acoso y amenazas, lo que el abogado consideró como secuestros y no detenciones. En enero de este año las denuncias de capturas de protestantes fue de 37.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Archivo/Metro

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Archivo/Metro

El abogado señaló que las detenciones no cumplen con los procedimientos establecidos en la ley policial, violentan la Constitución y los derechos humanos. “Por eso yo los llamo por el término secuestro, porque tiene los elementos que lo definen, incurriendo en delito”, explicó.

Cuevas destacó que esta práctica se viene implementando desde antes de las protestas y se ha institucionalizado porque no hay nada ni nadie que haga cumplir la ley y los castigue.

Asimismo, indicó que el accionar de desprecio a la ley es típico de las fuerzas policiales y se viene ejerciendo desde antes que estallara la crisis sociopolítica en el país, lo cual se incrementó con la criminalización de las protestas.

“El acoso y las capturas no se detienen. Aquí nada se ha normalizado y muchos de los que participaron en las protestas se preguntan si serán los próximos en ser enviados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial”, dijo Cuevas, considerando que todos estos detenidos, que se estiman son, al menos, entre 340 a 767 personas capturadas desde el inicio de las protestas y están como rehén del Gobierno por el simple hecho de ejercer su derecho a expresarse.

El abogado de la CPDH apuntó que de los detenidos que estuvieron en los tranques en departamentos, como Masaya, y que posteriormente fueron liberados bajo el compromiso de no continuar en actividades de protestas, tuvieron que huir, mientras que otros fueron capturados, según denuncias de los familiares.


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