Relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola.. Archivo/Metro
Relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola.. Archivo/Metro

Nacionales por Alma Vidaurre Arias,

“Lamentablemente, con un Gobierno que va cerrando todos los espacios democráticos, es muy difícil dialogar, eso yo no puedo desconocerlo”, comenta Urrejola cuando le preguntamos sobre las consecuencias de la salida de Nicaragua del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni).“Yo creo firmemente que las crisis de derechos humanos tienen que resolverse por medio de un diálogo, me parece que siempre cuando hay salidas violentas quienes pagan, generalmente, son la gente joven y la gente pobre. Me parece que uno no puede cesar en su lucha por buscar una ventana por el diálogo, pero entiendo perfectamente que las condiciones como están dadas hoy, el diálogo es muy difícil”,  explica en esta entrevista la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Cómo califica la acción del gobierno de Nicaragua, de expulsar al Meseni y al GIEI?

Nos parece lamentable que el Estado no permita que la comisión pueda seguir desarrollando su monitoreo como corresponde. Nos parece una noticia muy triste, lamentable. En las recomendaciones de nuestro informe final, le propusimos al Estado de Nicaragua crear un grupo de expertos independientes para investigar los hechos violentos acaecidos a partir del 18 de abril y se firmó un acuerdo tripartito entre el Secretario General de la OEA, la Comisión Interamericana y el Estado de Nicaragua. El GIEI terminaba ahora su mandato, por lo tanto igual el GIEI iba a tener que salir de Nicaragua en esta semana. Lo triste más bien fue no permitir que pudiese presentar su informe. Nos parecía que era muy simbólico que una investigación sobre hechos violentos acaecidos en Nicaragua fuese presentada en el propio país, para que todos los nicaragüenses pudiesen estar presentes. El Meseni también es una recomendación del informe que hizo la comisión después de su visita a Nicaragua, el Estado acogió esa recomendación, es un mecanismo de seguimiento que es permanente para seguir, tanto el cumplimiento de las recomendaciones como para poder continuar el monitoreo de las situaciones de derechos humanos. En su nota, el canciller habla de una suspensión temporal; yo quiero pensar que simplemente es temporal y espero que próximamente el equipo nuestro, el Meseni, pueda estar nuevamente retornando a territorio nicaragüense.

/ Getty Images

En una crisis como la de Nicaragua, ¿cuán importante es la observación de un organismo como la CIDH?

Los mecanismos de los órganos de protección buscan un rol muy importante desde varias perspectivas. La primera es que permiten visibilizar las violaciones de los derechos humanos, permiten comunicarle a la comunidad internacional que si esta situación está sucediendo en los distintos países, que haya una reacción de la comunidad internacional. Permite, además, acompañar a las víctimas y familiares, a las organizaciones de derechos humanos y de alguna manera, cuando hay organismos como la Comisión acompañando esa labor, esos organismos se sientan fortalecidos y acompañados en su denuncia.

El Gobierno ha criticado fuerte los informes de la CIDH. ¿Cómo ven esa posición?

En general, es cierto que cuando nosotros hacemos denuncia, que a los gobiernos no les gusta escucharnos, nos acusan de sesgados, de no escuchar a las partes, de estar politizados, etcétera. Esa no es una novedad. Parece cierto que la reacción del Gobierno sobre nuestros informes es bastante crítica y nosotros, en su momento, insistimos varias veces en habernos podido sentar con el Gobierno y discutir en qué temas de nuestro informe ellos no están de acuerdo. En algún momento ellos discutieron las cifras que nosotros teníamos de fallecidos en las protestas, pedimos varias veces que nos entregaran sus propias cifras y poder sentarnos en una mesa y cotejar las cifras. Eso nunca ocurrió. Nosotros siempre hemos estado abiertos a poder dialogar con el Estado y discutir las diferencias y discutir aquellas materias en las cuales el Estado piensa que nosotros no estamos siendo, entre comillas, justos, pero nunca se ha podido dar esa situación.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente. Foto: Cortesía

Precisamente, la representante del Meseni expresó que enviaron 70 notas diplomáticas al Gobierno para intercambiar y pedir información de los hechos, notas que nunca respondieron. ¿Qué denota esa situación?

Nosotros, cuando fuimos en mayo, encontramos a un Gobierno que estaba abierto al escrutinio, aun con todo el conflicto que estaba habiendo y la cantidad de muertos que había hasta la fecha, pero, nosotros sí encontramos a un Gobierno dispuesto a dialogar con nosotros. Yo volví a ir en junio. Efectivamente ya ahí había un poco más de tensión en la relación, porque nuestro informe ya había salido público, era muy duro, pero igual fuimos recibidos por las autoridades de Gobierno, igual pudimos visitar las cárceles.

La colaboración, luego se hizo con algunas condiciones, algunas tensiones, pero, claro, eso pasa con muchos Estados, no sólo con Nicaragua. En la última visita, fuimos a una cárcel, La Modelo; fue el 16 de julio, y a partir de esa fecha todas nuestras solicitudes de poder realizar citas a las cárceles o poder ir, por ejemplo, a los tribunales, no fueron respondidas.

La CIDH ha dicho que continuarán realizando un monitoreo de la situación del país. ¿Qué mecanismo utilizarán, cómo queda la población ahora que ustedes se marchan?

El hecho de haber tenido al Meseni en el terreno, independientemente de todos los obstáculos que han tenido todos estos meses, sin lugar a dudas, es una herramienta importante porque permitía tener a un equipo que recogía información de primera mano. El no estar ahí físicamente, definitivamente no es una situación ideal, pero, por otra parte tengo que señalar que la comisión siempre está haciendo monitoreo en los países de la región y nosotros no tenemos presencia en los países de la región. A algunos países podemos ir, hacemos visitas de trabajo y tenemos una relación relativamente fluida, en otros no es así; Nicaragua no es el único país. Venezuela, por ejemplo, ya no sé cuántos años han pasado desde que la comisión no ha podido visitar Venezuela, y sin embargo, nosotros hemos podido continuar haciendo el monitoreo. Nuestro mecanismo de monitoreo va recogiendo información de distintos actores. Los actores son las organizaciones de la sociedad civil, sean o no reconocidas jurídicamente en el Estado, los medios de prensa y tenemos distintos medios de información.

¿El informe del GIEI es clave para conocer a fondo la situación? 

Ellos han tenido autonomía total para trabajar, ellos han investigado los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo. No me cabe la menor duda que aun cuando tiene un marco temporal muy acotado, el GIEI logra confirmar lo que nosotros denunciamos en el informe que presentamos de manera preliminar el 21de mayo en Nicaragua. El informe definitivo, que presentamos el 22 de junio en el Consejo Permanente, donde nosotros establecimos una serie de patrones de represión, yo creo que el GIEI confirma eso. Nadie puede negar la capacidad técnica de ese equipo.

Ana María Tollo, representante de la CIDH, realizó reiteradas peticiones a la encargada de admisión del Centro Penitenciario para que las dejaran entrar. Metro

Ustedes advierten que la crisis nicaragüense se encuentra en la cuarta etapa: persecución a periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera.  Partiendo de la experiencia de otros países, ¿qué más podemos esperar?

Hemos ido viendo cómo ha ido variando la situación, y en ese sentido vemos que la suspensión del Meseni en el terreno es parte de este mismo cuadro. Nosotros señalamos antes cómo se están cerrando los espacios democráticos en Nicaragua, y es una situación que estamos en alerta, una situación que estamos mirando con mucha preocupación, esta situación de ir acallando espacios de incidencia política, de derechos humanos y social.

Muchos insisten en que el diálogo es una salida a esta crisis. ¿Cree que puede haber diálogo con el Gobierno?

Lamentablemente, con un Gobierno que va cerrando todos los espacios democráticos, es muy difícil dialogar, eso yo no puedo desconocerlo. En la medida que no exista una voluntad política de los gobernantes para dialogar, es muy difícil sentarse en una mesa, pero yo creo firmemente que las crisis de derechos humanos tienen que resolverse por medio de un diálogo, me parece que siempre cuando hay salidas violentas quienes pagan, generalmente, son la gente joven y la gente pobre. Me parece que uno no puede cesar en su lucha por buscar una ventana por el diálogo, pero entiendo perfectamente que las condiciones como están dadas hoy, el diálogo es muy difícil, y entiendo que mucha gente cree que el diálogo es imposible por lo que ve, y efectivamente las condiciones no están dadas. Nosotros vamos a insistir en volver prontamente y poder establecer en tener un diálogo con el Gobierno, es muy importante que cualquier Gobierno tenga las puertas abiertas al escrutinio internacional.

¿En qué ayudan sus informes, en una crisis de derechos humanos?

Los informes tienen muchas funciones. Para quienes están adentro, en Nicaragua, que sientan que no están solos; eso es muy importante para sentir que hay un organismo internacional que está interpretando lo que les está pasando. Nuestros informes permiten visibilizar hacia la comunidad internacional algunas situaciones que de otra manera no son tomadas en cuenta. El sólo hecho de visibilizar la situación ante el mundo es una manera de presionar a los gobiernos. Por último, nuestros informes constituyen cierto testimonio, relato, para que el día de mañana cuando existan procesos judiciales, cuando se busque justicia, estos documentos pasan a ser antecedentes muy importantes en esos procesos.

El gobierno dijo que su labor fue injerencista…

Es desconocer cuál es el rol que nosotros tenemos; somos siete expertos independientes de diferentes Estados, cada uno tiene una trayectoria en la defensa de derechos humanos. Nosotros no miramos la violación a los derechos humanos según cuál es el Estado que la esté violando, sino desde la perspectiva de las víctimas. A nosotros se nos acusa muchas veces; cuando a los gobiernos no les gusta lo que decimos, se nos acusa de ser injerencistas y, según el gobierno de turno, somos derechistas o somos comunistas. Yo, al mismo tiempo recibo en Twitter acusaciones de fascista; eso es parte de nuestra labor y vamos a seguir cumpliendo nuestra labor. Cuando los Estados no colaboran, la labor se hace más difícil, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir cumpliendo, y tengan la certeza de eso.

Está pasando:


Noticias Relacionadas

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por la muerte de Eddy Montes Praslin; y las ...

por Alma Vidaurre Arias