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Destacado, Managua, Nacionales por EFE,

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) convocó este domingo a una marcha el próximo 10 de diciembre para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hará en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril.

El Cenidh solicitó autorización a la Policía Nacional para realizar esa manifestación, al igual que lo han hecho todos los años, y en medio de una prohibición oficial a las movilizaciones opositoras, dijo a Acan-Efe una portavoz de esa ONG.

La fuente indicó que la Policía Nacional aún no ha  respondido la solicitud de permiso.

El pasado 23 de noviembre, la Policía de Nicaragua negó el permiso a la Unidad Nacional Azul y Blanco para marchar el domingo 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para exigir la liberación de las personas detenidas por protestar contra el Gobierno, en el contexto de la crisis en Nicaragua.

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La Policía Nacional adelantó, entonces, que no se autorizarán movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos “que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado” contra el Gobierno de Nicaragua.

El pasado 24 de noviembre, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), pidió a la Policía Nacional a través de un comunicado, que respete los derechos políticos ciudadanos de manifestarse pacíficamente.

La funciones de la Policía en este caso se limitan a “establecer los requisitos de los ciudadanos para que su derecho político no afecte la libre circulación de las personas y vehículos”, manifestó el Cosep en su comunicado de hace ocho días.


Según la Ley 872 de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, esta institución tiene la facultad de otorgar permiso, pero no puede “determinar de forma discrecional quiénes y cuándo los ciudadanos pueden manifestarse públicamente y menos aún en forma arbitraria restringir ese derecho constitucional bajo argumentos políticos”, argumentó el Cosep.

El pasado viernes, en un comunicado conjunto, el sector privado agrupado en el Cosep, la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides), denunció públicamente que los derechos constitucionales están suspendidos en el país, y solicitaron al gobierno de Nicaragua reanudar el Diálogo Nacional que adicione a garantes internacionales.

 


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