Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica / Archivo
Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica / Archivo

Destacado, Nacionales por EFE,

La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, afirmó el jueves que la única salida a la crisis en Nicaragua es la negociación.

“Nos duele particularmente la situación en Nicaragua”, destacó la ministra, quien dijo que allí “las personas en el interno han perdido la paz, viven un conflicto muy importante”, durante una conferencia sobre la política exterior de Costa Rica en el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) de Roma.

Expresó su deseo de que las partes “puedan sentarse a una mesa de negociaciones para que puedan solventarse las diferencias. Es el único camino para una salida democrática y justa”.

Campbell indicó que la crisis en Nicaragua, que ya cumple seis meses, “tiene una presión real para Costa Rica, consecuencias económicas serias”.

Más de 25.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica en lo que va de año, la mayoría coincidiendo con la crisis.

Las protestas populares que estallaron contra el presidente del país, Daniel Ortega, han dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, en medio de la violenta represión del Gobierno, que, de acuerdo con las fuentes, ha capturado a casi 500 personas como “presos políticos”.

Las autoridades reconocen, por su parte, 199 muertos y más de 200 presos acusados de “terroristas” y “golpistas”.

Según la canciller, Costa Rica actúa en los foros internacionales “para que a través del multilateralismo podamos contribuir a una salida pacífica y negociada”.

Respecto a la migración en Costa Rica, Campbell manifestó que “no es un problema, es una realidad” y que el país depende de los migrantes para algunos sectores económicos, como la construcción, por lo que se ha aprobado una estrategia de regulación de los flujos migratorios mediante un decreto presidencial.

Pero, agregó, “otra cosa es cuando la migración se debe a una situación extraordinaria de crisis en otros países. Es un problema político que redunda en la economía de Costa Rica, que tiene entonces menos capacidad de absorber” a esas personas y de ofrecerles servicios sociales.


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