El senador Bob Menéndez. Archivo/Metro
El senador Bob Menéndez. Archivo/Metro

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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley que impone sanciones financieras y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del gobierno de Nicaragua, responsables de violaciones a los derechos humanos.

El principal promotor de la iniciativa, Bob Menéndez, prometió impulsar una “rápida aprobación” de esta ley en el Senado, para que luego pase a manos del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“El tiempo es esencial para los nicaragüenses y trabajaré con mis colegas para que estes proyecto de ley de sentido común sea aprobado rápidamente por el pleno del Senado”, declaró Menéndez.

El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado ante este tema.

El proyecto plantea sancionar a los responsbales de actos de violación a los derechos humanos, y pide una solución negociada a la crisis actual de Nicaragua.

Lo aprobado hoy es una fusión de los proyectos de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 y la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act.

Tras este paso en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos, comienza el proceso en el congreso para una aventual aprobación de sanciones con carácter de ley contra el gobierno de Nicaragua.

La propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua 2018, que discutió hoy el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, incluye posibles sanciones económicas y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del gobierno de Nicaragua.

La iniciativa también permite un “waiver” o exención de esas sanciones, en caso de que mejoren las condiciones democráticas y de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

Impulsada por los senadores Bob Menendez, Ted Cruz, Marco Rubio, Bill Nelson, Dick Durbin, David Perdue, Patrick Leahy, Tim Kaine, Ben Cardin, Tom Cotton y John Cornyn, la ley pretende sancionar a las personas responsables de actos de violencia y abusos de los derechos humanos en Nicaragua.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con Menéndez, estos son los puntos clave del proyecto de ley:

  • Apoyo a una solución negociada para la crisis de Nicaragua que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos y el cese de la violencia.
  • Sanciones dirigidas contra funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones de Derechos Humanos, corrupción o socavamiento de procesos democráticos.
  • Restricciones a los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales al gobierno de Ortega, con la excepción del financiamiento continuo para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.
  • Una exención anual que levantaría el requisito de imponer sanciones si el Departamento de Estado logra certificar que el gobierno de Ortega está tomando medidas para celebrar elecciones democráticas, mejorar las condiciones de los Derechos Humanos, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.
  • Aumento de los informes de la comunidad de inteligencia sobre el papel de los funcionarios nicaragüenses en la corrupción y las violaciones de los Derechos Humanos, así como del otorgamiento de armas a las fuerzas de seguridad nicaragüenses

¿Qué son la Certificación y el Waiver?

El proyecto de ley ordena al Secretario de Estado presentar un informe de certificación a más tardar 180 días después de aprobada la ley, que confirme si el gobierno de Nicaragua ha tomado “medidas efectivas” para fortalecer la democracia, institucionalidad y lucha contra la corrupción.

En ese sentido, los senadores indican que las medidas de mejora de la democracia en Nicaragua incluyen el combate a la corrupción, investigar y enjuiciar a los funcionarios del gobierno involucrados en actos de corrupción; proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia.

En Nicaragua continúan las manifestaciones. Archivo/Metro

Por otro lado, la propuesta de ley plantea la oportunidad de un waiver (conocido también como dispensa o exención), que faculta al presidente de Estados Unidos a suspender durante un año las sanciones, ya sea al gobierno o a personas en particular.

Tanto los informes de certificación como el del waiver se presentarán anualmente y el primero será 180 días después de aprobada la ley.

Las sanciones, certificaciones y waivers tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, señala el proyecto.

Las medidas incluyen congelar a la persona afectada los bienes que tiene en los Estados Unidos o están bajo la posesión o el control de una persona de los Estados Unidos.

Además, a los sancionados se les revocará la visa o serán expulsados de los Estados Unidos, si se encuentran en ese país.

Finalmente, el presidente de Estados Unidos emitiría las regulaciones, licencias y órdenes que sean necesarias para ejecutar la ley.

Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no se ha referido al tema.


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