Comisionados Ramón Avellán y Francisco Díaz. Archivo
Comisionados Ramón Avellán y Francisco Díaz. Archivo

Destacado, Nacionales por Uriel Velásquez /Metro Nicaragua,

El presidente Daniel Ortega oficializó este jueves mediante la publicación de cuatro acuerdos presidenciales en La Gaceta, diario oficial, el nombramiento del comisionado general Francisco Díaz como director de la Policía Nacional y de los comisionados Ramón Avellán y Adolfo Marenco como subdirectores de la institución. La primera comisionada Aminta Granera “pasa a retiro”.

En el Acuerdo Presidencial 98-A-2018 se detalla que el comisionado general Francisco Javier Díaz Madriz fue designado director de la Policía desde el pasado 5 de julio, pero asumirá oficialmente el mando a partir del 5 de septiembre.

La designación de Francisco Díaz como director de la Policía se dio el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por corrupción y violaciones a los derechos humanos bajo la Ley Global Magnistky.

El Acuerdo Presidencial 113 – A – 2018 indica que la primera comisionada Aminta Granera “ha concluido su carrera en la Policía Nacional” y su retiro se hizo efectivo desde el pasado 31 de julio, pero fue hasta este jueves que el Gobierno lo oficializó. Es decir, que en teoría la Policía tuvo dos directores entre el 5 y el 31 de julio.

En el caso de los subdirectores, comisionados generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, estos fueron designados en sus cargos desde el 1 de septiembre del año 2015, pero Ortega lo manda a publicar tres años después, según se detalla en el Acuerdo Presidencial 137-A-2015, divulgado este jueves en La Gaceta, diario oficial.

El comisionado general Ramón Avellán, oficializado como subdirector de la Policía, fue quien dirigió los ataques a Masaya desde el inicio de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que según organismos de derechos humanos dejaron al menos 30 muertos entre abril y julio en esa ciudad.

El pasado domingo, Avellán fue visto dirigiendo el ataque armado a una caravana de opositores al Gobierno en Masaya, que pedían la liberación de los presos políticos, justicia y democracia y que dejó al menos cuatro personas detenidas.

El presidente Daniel Ortega también oficializó el nombramiento del comisionado mayor Jaime Antonio Vanegas Vega como inspector general de la Policía, a quien había designado en el cargo desde el 1 de abril del año pasado.

Funcionario sancionado con Ley Global Magnistky

El nuevo director de la Policía, Francisco Díaz fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnistky junto a Fidel Moreno y Francisco López el pasado 5 de julio.

Estados Unidos explicó que los sancionó por participar en la organización y ejecución de actos de represión en contra de las protestas desatadas en abril, a través de la Policía Nacional y parapolicías, y por estar envueltos en actos de corrupción.

El comunicado oficial del gobierno estadounidense indicó que a Francisco Díaz se le señala de dirigir a la Policía para cometer “graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.

“Bajo la dirección de Díaz, la Policía Nacional de Nicaragua se ha involucrado en serios abusos de derechos humanos contra la población de Nicaragua, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”, justificó el Departamento del Tesoro.

Díaz y Avellán, premiados

El director ejecutivo del organismo internacional de derechos humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco calificó los nombramientos como un “premio” a quienes dirigieron los actos represivos a las protestas en Nicaragua.

“Ortega premia a oficiales de la Policía que le fueron leales en el baño de sangre. Hoy (ayer) nombró director general de la Policía: Francisco Díaz (era subdirector y en los hechos el director. Es suegro del hijo de Ortega). Subdirector: Ramón Avellán (supervisó la represión en Masaya)”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones a través de un patrón caracterizado por “el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales y detenciones arbitrarias de jóvenes que participaban en protestas”.


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