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Destacado, Nacionales por EFE,

Un grupo de once expertos en derechos humanos de la ONU exhortó hoy al Gobierno de Nicaragua a detener la violencia en el país tras 100 días de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y 1.830 han resultado heridas.

“Los informes indican que ha aumentado la violencia selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país”, declararon los expertos en un comunicado.

Koumbou Boly Barry / Getty Images

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”, agregaron.

El texto de los relatores especiales detalla cómo durante el mes de abril “fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido de Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social”.

Bernard Duhaime / Cortesía

Las protestas han disminuido recientemente, pero los expertos censuran que “las voces críticas hacia el Gobierno siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos”.

Explícitamente critican que los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso  a la atención médica.

Agnès Callamard / Cortesía

“Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como “‘erroristas’ y ‘golpistas’, y aparentes intentos de socavar a la oposición”.

“También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, subrayaron los expertos de la ONU.

David Kaye / Cortesía

Los relatores denunciaron  “que estos patrones de violencia de la disidencia se estén expandiendo” y subrayaron que su preocupación se acentúa “por el nivel de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos, entre las cuales se cuentan actos de violencia de género contra mujeres defensoras perpetrados por agentes del orden público y elementos paramilitares”.

Fionnuala Ní Aoláin / Cortesía

“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los  homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”, concluyeron.

Firman el comunicado los relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulé; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard.

Michel Forst / Cortesía

Además, suscriben el texto los relatores especiales sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Puras; sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, Ivana Radani.

Asimismo, apoyan el texto la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; el presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Bernard Duhaime; la relatora especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, Seong-Phil Hong.

 

 


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