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Nacionales por Keysi García,

La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) denunció ayer los despidos arbitrarios de 135 médicos, especialistas y subespecialistas de las unidades de salud estatales, como una forma de represalia por su participación o apoyo en las protestas realizadas en los últimos tres meses.

Carlos Duarte, secretario de la junta directiva de la AMN, explicó ayer que la falta de subespecialistas en los hospitales y centros de salud tendría un impacto negativo en la calidad de la salud de los nicaragüenses, puesto que ahora tendrán que acudir a clínicas privadas para poder recibir atención especializada.

“Eso va en deterioro y en prejuicio de los derechos del pueblo de Nicaragua, porque es obligación del Estado garantizar la salud. Eso afecta a la población que no tiene dinero para asistir a una consulta privada”, subrayó Duarte, quien además calificó los despidos de profesionales de la salud como un acto “arbitrario, ilegal e irrespetuoso”.


Desde el fin de semana pasado, decenas de médicos han estado denunciando abiertamente los despidos injustificados por parte de las autoridades de salud en ciudades como Masaya, Carazo y León, donde también han ocurrido fuertes disturbios en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ya ha dejado más de 300 muertos y miles de heridos.

Por otro lado, la situación empeora si se despide a quienes tienen años de experiencia en especialidades poco comunes. En estos casos, se “pone a gente sin calificación a atender a la gente cuando no tiene la misma ni especialidad, ni estudios ni años de experiencia como los médicos que han sido despedidos”, según el secretario de la junta directiva de la AMN.

“Esto va en contra de la ley general de salud, que es favorecer a la población desprotegida”, añadió Duarte, quien fue uno de los médicos que atendió a los heridos en las protestas y está siendo perseguido actualmente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en su informe sobre la situación en Nicaragua que durante las protestas hubo irregularidades y denegación de la atención médica en hospitales estatales, según las denuncias recibidas.

Dicho informe, presentado en junio pasado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que en este contexto también se ordenó “restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias”.


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