Uber había mostrado interés de tener presencia en el país. /Dreamstime
Uber había mostrado interés de tener presencia en el país. /Dreamstime

Destacado, Managua, Nacionales por Uriel Velásquez y Jennifer López ,

El Gobierno de Nicaragua no permitirá que la empresa de transporte privado Uber ingrese al país para evitar conflictos con el gremio de taxistas, informó ayer el asesor del presidente Daniel Ortega en temas sociales, Orlando Núñez.

En ese sentido, indicó que a cambio piden a las cooperativas de transporte mejorar el servicio que ofrecen.

Decisión. La medida se toma para evitar conflicto con los taxistas del país

“No hay disposición de abrir las puertas a Uber. Ellos (los taxistas) están preocupados de que Uber pueda entrar a Nicaragua y nosotros estamos preocupados porque se puede generar un conflicto. Nosotros lo que le decimos a los transportistas es que al impedir la entrada de Uber en contraparte ellos tienen que mejorar su servicio a la población”, indicó Núñez.

La decisión del Gobierno de no permitir el ingreso de Uber a Nicaragua si la compañía lo solicitara, ya había sido comunicada a los representantes de las cooperativas en días anteriores.

“Amaru Ramírez (director del Irtramma) llamó a todos los dirigentes del gremio para expresarnos la voluntad política de la Presidencia que establece que Uber no va funcionar en este país. Esta decisión la vemos con positivismo y nosotros nos comprometemos a cambiar el comportamiento de los transportistas, ser amables, mejorar el porte y aspecto tanto de los vehículos como de los conductores”, aseguró Reynaldo Bermúdez, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxi (Unicootaxi).

Reunión

Presidentes y representantes de las cooperativas de taxis del país se reunieron con Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, y el asesor presidencial en temas sociales para analizar cómo se está brindando el servicio actualmente y cómo mejorarlo.

Nahin Hernández, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte y Servicios Múltiples (Fenacootrasem), dijo que “lo que vamos hacer es mejorar el servicio. Vamos echar andar un proyecto piloto en el que se capacite a los taxistas para que den un mejor trato y además se pretende mejorar las unidades”.

El asesor presidencial Orlando Núñez destacó que el Gobierno facilitará la capacitación de los taxistas y ejecutarán una campaña “para que la población tenga una imagen diferente del transportista”.

Uber es una empresa de transporte privado que ofrece los servicios a través de una aplicación móvil. En Centroamérica está presente en Guatemala, Costa Rica y Panamá, y el servicio es usado a diario por unas 700.000 personas, según Julie Robinson, representante de Comunicación de Uber para Centroamérica y el Caribe.

Lo mismo piden para la app Airbnb

Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), se mostró a favor ayer de reflexionar sobre las necesidades de crear políticas públicas que regulen el uso de aplicaciones tecnológicas como la de Airbnb.

“La tecnología también trae consigo retos y desafíos. En los últimos días se ha estado discutiendo temas como Airbnb, que si bien es cierto permite tener ese intercambio y esa conexión directamente entre el consumidor (turista) con la población local, se vuelve un reto para el sector (turístico) como tal, porque muchos de los actores tradicionales del sector turístico ya no están, digamos, en ese intercambio directo. Entonces eso nos llama también a reflexionar sobre las necesidades de crear políticas públicas en esta materia que regule un poco el desarrollo de este tipo de tecnologías, de manera que tampoco afecte al sector como tal”, opinó Campbell.

Hace unos días, representantes del sector turismo de Nicaragua pidieron que se regule el uso de esa aplicación en el país, la que permite ofrecer hospedaje a turistas en casas o cuartos desocupados, haciendo contrapeso a locales que ofrecen servicios turísticos.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), dijo que los hoteleros nicaragüenses se han venido quejando de una competencia desleal de Airbnb desde el año pasado.

Expresó que aunque las nuevas tecnologías son una realidad y no se pueden detener, hay que ajustarse y establecer las regulaciones necesarias.

“Los empresarios hoteleros nos están pidiendo a nosotros, como Canatur, que hablemos con el Gobierno para que Airbnb opere de forma regulada y pague los impuestos correspondientes, porque los hoteleros aquí están pagando sus impuestos y también su tasa hotelera establecida, en cambio esas casas que se rentan mediante Airbnb no pagan nada”, manifestó Valenti, en un artículo publicado el pasado fin de semana.


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