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Mundo por AFP,

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) aceptó ayer tramitar una solicitud para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por posible financiamiento electoral ilegal, en medio del revuelo causado por su intento de expulsar a un comisionado antimafias de la ONU.

“Los magistrados han aceptado para su trámite la solicitud de antejuicio (levantar la inmunidad) y sigue el proceso como lo estipula la ley”, dijo a periodistas el vocero de la CSJ, Ángel Pineda.

Explicó que el expediente debe ser remitido al Congreso, que decidirá si le levanta la inmunidad al gobernante para ser investigado penalmente.

El funcionario detalló que la solicitud fue planteada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un ente avalado por la ONU para combatir las estructuras criminales incrustadas en el Estado.

Según la legislación guatemalteca, el Congreso deberá integrar una comisión que deberá recomendar al pleno si retira los fueros al mandatario.

Para levantar la inmunidad al presidente son necesarios 105 votos de los 158 diputados que integran el Congreso, algo que para algunos analistas será difícil de alcanzar debido a las alianzas que tiene el partido gobernante en el Parlamento.

El pasado 25 de agosto, la CICIG y la Fiscalía pidieran levantar los fueros al gobernante para investigarlo por posible financiamiento ilícito de su campaña para las elecciones de 2015, en las que resultó victorioso.

Dos días después, el mandatario en un mensaje grabado declaró non grato al jefe de la CICIG, el exjuez colombiano Iván Velásquez, y ordenó su expulsión inmediata al acusarlo de injerencia y de exceder sus funciones.

La medida provocó un terremoto político hasta que la orden presidencial fue suspendida el pasado 29 de agosto por la Corte de Constitucionalidad.

La decisión presidencial provocó un desgaste al gobernante y su credibilidad fue afectada al quedar en entredicho su combate frontal a la lucha contra la corrupción, según analistas.

Morales ganó la presidencia en 2015 en medio de una convulsión política por la renuncia del gobernante Otto Pérez, tras ser acusado por la Fiscalía y la CICIG de encabezar una red de defraudación fiscal en las aduanas.

El mandatario aseguró ayer que no ha interferido en los procesos legales en su contra.

“(…) reafirmo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, que siempre he defendido el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes”, sostuvo en un comunicado.


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