Fotografía de archivo del 25 de abril de 2017 de La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, durante un balance de gestión en Caracas, Venezuela. /EFE
Fotografía de archivo del 25 de abril de 2017 de La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, durante un balance de gestión en Caracas, Venezuela. /EFE

Mundo por AFP,

La comisión presidencial que promueve la Asamblea Constituyente “popular” del presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que las críticas a la iniciativa por parte de la fiscal general, Luisa Ortega, no tienen “ninguna incidencia”.

“Todo el que haya emitido una opinión contraria se respeta, porque era una opinión política, pero no tiene ninguna incidencia en un proceso que es impecablemente constitucional”, señaló Elías Jaua, presidente de la comisión, en rueda de prensa.

Ortega, cercana al chavismo, entregó una carta a esa instancia la semana pasada en la que considera que la Constituyente agravará la crisis venezolana.

“Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país no es necesario, pertinente, ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, indicó Ortega en la carta que se filtró a la prensa local.

“Lo expuesto, en lugar de generar equilibrios o propiciar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis”, agregó la fiscal.

“Todo el que haya emitido una opinión contraria se respeta, porque era una opinión política, pero no tiene ninguna incidencia en un proceso que es impecablemente constitucional”

Elías Jaua, presidente de la comisión

Jaua, también ministro de Educación, afirmó que la misiva es una simple “opinión política”.

“Consideramos que el único órgano facultado para interpretar la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hemos recibido la opinión de la fiscal como una opinión política más”, añadió.

No es la primera vez que Ortega se distancia de la línea del gobierno.

Cuando el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- publicó una sentencia con la que se adjudicaba las facultades del Parlamento, de mayoría opositora, la fiscal lo condenó por considerarlo una “ruptura del orden constitucional”.

Luego de ese fallo, que se anuló parcialmente tras fuerte presión internacional, estallaron las protestas para exigir la salida de Maduro, que ya dejan 48 muertos, centenares de heridos y 2.660 detenidos.


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