Imagen referencial /Istock
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Mundo por David Cordero Mercado,

En un caso sin precedentes a nivel mundial, Puerto Rico –definido como Estado Libre Asociado (ELA)– acaba de iniciar su propio proceso de quiebra en busca de una solución final a su deuda de US$70 mil millones.

“Hemos llegado a esta conclusión y esta decisión porque entendemos que se defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, afirmó el gobernador  Ricardo Rosselló.

Para que tenga una idea de la magnitud, de todas las jurisdicciones de Estados Unidos –estados y territorios–, le deuda de Puerto Rico es la mayor en toda la historia.

El segundo lugar lo ocupa el estado de Detroit, que se acogió al proceso de quiebra bajo el Capítulo 9 de la Ley Federal de Estados Unidos a mediados del año 2013, para reestructurar su deuda de US$18 mil millones.

Si la Isla fuera un país independiente, ocuparía el lugar número 13 en términos de deuda pública, de acuerdo a Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA, una organización sin fines de lucro de reforma financiera con sede en Washington D.C.

¿Cómo Puerto Rico llegó a la quiebra?

La crisis de Puerto Rico se agudizó en los pasados 11 años, pero no hay duda de que cada una de las administraciones gubernamentales que durante los pasados 60 años han tomado préstamos –uno encima del otro– incluso para pagar otros préstamos, son responsables del desenlace actual.

Así las cosas, el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, afirmó a principios de 2015 lo que era ya un secreto a voces, la “deuda es impagable”. Como jurisdicción de Estados Unidos, el gobierno estatal solicitó al Congreso estadounidense acogerse al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.

Sin embargo, el Congreso negó la petición argumentando que dicha protección aplica solo a los estados, mientras que Puerto Rico es un territorio.

En su lugar, para atender la crisis el Congreso aprobó con apoyo bipartidista la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), firmada por el presidente Barack Obama en junio de 2016. Dicha ley estableció una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la Isla.

Esa misma ley es la que contiene el Título III que da paso a un proceso de quiebra creado exclusivamente para atender el caso de Puerto Rico.

“Así es como trabajamos el diseño de la ley desde el principio, fue todo sobre este momento, la activación del proceso de la quiebra”, apuntó LeCompte, quien formó parte del equipo que trabajó el diseño de Promesa y describió el Título III como superior al Capítulo 9.

“Lo más importante de la ley es que impide que Puerto Rico se convierta en Argentina y eso es muy importante”, añadió, al tiempo que dijo que Argentina se convirtió en rehén de los bonistas y fondos buitres durante un periodo de crisis que duró unos 15 años, algo que aseguró no pasará con Puerto Rico.

El proceso de quiebra que acaba de iniciar Puerto Rico, provee la oportunidad única de reestructurar la totalidad de la deuda, a diferencia de otros procesos –incluyendo el Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras–, que permite la reestructuración de una parte del total de la deuda”. Además, de acuerdo a LeCompte, protege los servicios públicos esenciales de los cuales gozan principalmente las personas más vulnerables.

La JSF solicitó la petición de Título II en el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico en San Juan el pasado 3 de mayo.

¿En qué consiste el proceso?

Una vez radicada la petición en el tribunal, un juez deberá determinar si la acepta o la rechaza, algo que aún no ha sucedido aunque se espera que el tribunal no rechace la petición, dado que el gobierno y la JSF cumplen con los requisitos establecidos en Promesa.

Los acreedores tienen 120 días para impugnar la petición de quiebra. Una vez iniciado el proceso, la quiebra protege al Gobierno de demandas de los bonistas.

Es decir, será un juez quien decida cuánto es lo que hay disponible para pagarles a los bonistas, cuáles son las prioridades entre los grupos de bonistas en términos de quiénes cobran primero y quiénes cobran después. Asimismo, se determinará quiénes tienen más o menos garantías, además de quiénes se quedarán sin cobrar.

Deuda millonaria. Tras declarar impagable una deuda ascendente a US$70 mil millones y no lograr acuerdos de buena fe con acreedores, el gobierno de la Isla se acoge a un proceso de quiebra

“El proceso no sabemos cuánto tiempo tomaría. Quizás año y medio o dos años, es un proceso largo, no hay duda”, dijo el director ejecutivo de Jubilee USA.

Pero eso es solo el proceso en el tribunal. La recuperación económica de Puerto Rico tardaría mucho más.

“Desafortunadamente, con lo mal que está la situación en Puerto Rico, va a empeorar antes de que mejore”, apuntó LeCompte, previendo por ejemplo que la migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos continuará, lo que su vez generará menos ingresos al país.

Sin embargo, el proceso de quiebra de la Isla, según LeCompte, es la “luz al final del túnel”.

13º lugar ocuparía Puerto Rico en términos de deuda pública si fuera un país independiente

Aseguró que el proceso de recuperación de Puerto Rico debería ser más rápido que el visto en otros países y jurisdicciones de Estados Unidos, dado que atiende la totalidad de la deuda.

Las negociaciones de buena fe pueden continuar mientras se lleva acabo el proceso del Título III.

Urgen leyes sobre transparencia fiscal  

Pero más allá de recuperarse económicamente, la Isla necesita establecer procesos que la protejan de volver a llegar o enfrentar una crisis fiscal de la magnitud actual. Para ello, LeCompte describió dos elementos básicos.

“Los que favorecen la estadidad, la independencia o una nueva forma de ELA, todos reconocen que parte del problema viene del estatus colonial”, apuntó LeCompte. “A largo plazo, esa cuestión se debe resolver de una manera u otra, porque eso va a ayudar”, aseguró.

La cita

“Creemos que un proceso integral de quiebra como este debe estar disponible para cada país y para cada estado y Puerto Rico es el primero en conseguirlo”.
Eric LeCompte. Director ejecutivo Jubilee USA

En segundo lugar, la Legislatura y el Gobierno de Puerto Rico tienen que aprobar leyes que establezcan procesos de transparencia fiscal respecto a los presupuestos públicos.

Una de las ventajas del proceso de quiebra en el tribunal, es que podrá conocerse en mayor detalle de dónde viene exactamente la deuda y quiénes son los responsables.

“Francamente, hay un mucha preocupación respecto a cómo algunos actores en Wall Street han manipulado la situación en Puerto Rico”, dijo LeCompte.

Cabe señalar que el plan fiscal diseñado por el Gobierno y aprobado por la JSF continuará su curso. El plan incluye recortes a las pensiones de los retirados, a las agencias públicas, al sistema de educación superior, entre otros.


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