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El independentismo catalán inició desde este lunes una semana decisiva en su enfrentamiento con el gobierno español de Mariano Rajoy, con crecientes llamamientos a la desobediencia y a declarar la secesión.

Los partidos independentistas en Cataluña propusieron un pleno en el parlamento regional el jueves, para responder a la intervención de la autonomía propuesta por Madrid que el Senado español debe aprobar el viernes.

“El pleno (…) determinará qué respuesta como país tenemos que dar a esta decisión del Gobierno”, dijo el portavoz de la mayoría parlamentaria Lluís Corominas, calificando las medidas de Rajoy de “agresión institucional”.

En esta sesión, los diputados catalanes podrían declarar la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, inmersa desde hace años en una escalada de tensión con Madrid por las aspiraciones separatistas de una parte considerable de sus ciudadanos.

Conflicto no para
El conflicto se agudizó con el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, en el que un 90% de los electores apostaron por la secesión. A pesar de la baja participación (43%), el Gobierno regional se comprometió a declarar la independencia.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, suspendió su aplicación para buscar un diálogo con Madrid, pero podría optar por seguir adelante ante las presiones de sus aliados.

La pequeña formación de izquierda radical CUP, clave para asegurar la mayoría independentista con sus diez diputados sobre 135 en el parlamento regional, pidió que la República se proclame “cuanto antes”.

Incluso ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), compañeros de gobierno del partido conservador PDeCAT de Puigdemont, defendieron que la mejor respuesta a la intervención de Madrid “es la República catalana”, dijo su portavoz Sergi Sabriá.

Pero el líder en Cataluña del Partido Popular de Rajoy, Xavier García Albiol, respondió que “no se le va a permitir” a los independentistas usar el pleno del jueves para proclamar la secesión.

Aislados en Europa
Al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca usado hasta ahora, el Gobierno central pretende dirigir Cataluña desde Madrid antes de convocar elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses.

Para hacerlo quieren destituir al ejecutivo catalán, tomar el control de toda la administración regional, incluida la Policía y los medios de comunicación públicos, y supervisar la actividad parlamentaria.

“Solo la ciudadanía tiene derecho a cambiar estas instituciones, ya sea el parlamento o el Gobierno”, defendió el responsable de Asuntos Exteriores del gobierno catalán, Raul Romeva.


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